Los repartidores de aplicaciones como Rappi y Glovo siguen siendo uno de los empleos más vulnerables de la pandemia, sin embargo, sus propios trabajadores señalan que hasta ahora las plataformas de delivery no se hacen responsables de su salud y seguridad.
Desde el inicio de la pandemia, los repartidores reportaron faltas que atentaban contra su seguridad y salud. Es necesario recordar que el protocolo de delivery por terceros no indica que deban pasar por pruebas rápidas o moleculares, cuando son un empleo de alto riesgo por su exposición.
Los repartidores de aplicaciones como Rappi y Glovo siguen siendo uno de los empleos más vulnerables de la pandemia, sin embargo, sus propios trabajadores señalan que hasta ahora las plataformas de delivery no se hacen responsables de su salud y seguridad.
Hoy se dio a conocer que la Municipalidad de Miraflores y la Policía Nacional del Perú (PNP) realizaron un operativo de verificación y control de los motociclistas y ciclistas que se dedican al traslado de alimentos por delivery en el distrito.
En tal sentido, se pudo conocer que el 35% de 60 trabajadores de este rubro que reparte en el distrito dio positivo en las pruebas rápidas de la COVID-19.
“Estamos viendo que, en más de 6 meses de cuarentena, el 70% no se ha hecho la prueba rápida”, dijo a un medio local, Luis Llanos, gerente de Desarrollo Humano de dicho municipio.
De acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Salud (Minsa), se deben aplicar pruebas serológicas o moleculares a las actividades de muy alto, alto y mediano riesgo, aunque los protocolos de delivery por terceros no exige a las plataformas aplicar dichas pruebas a sus motorizados, a pesar de estar totalmente expuestos.
Para Alejandra Dinegro, socióloga e investigadora de la economía de las plataformas digitales, antes de la pandemia, las condiciones laborales de este rubro eran precarias, a la fecha también lo son.
Según la experta, el Gobierno dio permiso a las aplicaciones para que sigan funcionando sin cambiar su trato con los motorizados, ahora no solo ganan menos, sino que tienen que trabajar más.
“Estas empresas se la siguen llevando fácil, pero, ¿Cómo van a asumir alguna responsabilidad si el Estado no asume el control?”, señala Dinegro en referencia al continuo silencio del Ministerio de Trabajo.
De igual modo, la también directora del Observatorio Plataformas Perú —un espacio ciudadano que aspira a ser un punto de referencia para realizar políticas publicas para este rubro—, espera que el ministro Javier Palacios se pronuncie con prontitud.
“Urge que el MTPE se pronuncie. Ya no se tiene que delegar toda la responsabilidad a los municipios y a la Sunafil”, sentencia la especialista.
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