Los armadores de las cooperativas pesqueras del norte de Perú, dedicadas a la pesca de especies como la pota y el perico, expresaron su preocupación al Ministerio de la Producción (PRODUCE) por el lento avance en su proceso de formalización pesquera.
Estas pesquerías emplean a más de 20 mil pescadores y generan alrededor de 800 millones de dólares al año en ventas, pero sus pescadores están condenados a la informalidad.
Pedro Silva, representante de la Cooperativa Pesquera “La Tortuga”, manifestó, en una carta enviada al titular del PRODUCE, Jorge Luis Prado, que el gobierno no se encuentra realizando gestión alguna para lograr la formalización de los pescadores artesanales.
“Es más, llevamos intentando conversar con las autoridades del sector pesquero desde que comenzó este gobierno y lamentablemente, no recibimos respuesta. Hemos enviado propuestas de mejoras a las normativas y una docena de cartas con planteamientos para poder trabajar en conjunto y, hasta la fecha, no recibimos respuesta”, denunció Silva.
Indicó que, en la carta, expresan el malestar de las cooperativas pesqueras de San José, La Islilla y La Tortuga, que representan más de 500 armadores y 900 embarcaciones artesanales, debido a que “el gobierno ha ignorado las diversas comunicaciones que se ha enviado de manera regular a la Dirección General de Pesca Artesanal con la intención de insertarse de manera más rápida a la economía formal del país.
Asimismo, recordó que el COVID-19 los ha impactado duramente; pero que, aun así, han contribuido a la generación de miles de puestos de trabajo en los momentos más difíciles de la pandemia, aportando con esto a la recuperación económica del país.
Por su parte, Mario Fiestas, gerente de la Cooperativa San José Limitada planteó al Ministerio de la Producción qué ruta de trabajo seguir a fin de concluir, tras seis años de esfuerzos, en lo referente a la regularización de la flota pesquera.
“No le estamos pidiendo que nos haga un favor. Solo queremos que, en atención de nuestros derechos como administrados y la transparencia que debería existir en la administración pública, se nos informe qué es lo que piensan hacer,” manifestó Fiestas.
Cabe indicar que las cooperativas pesqueras no acostumbran a comunicarse de manera enfática con el gobierno ya que suelen ser propositivos y proactivos, en búsqueda de establecer un trabajo colaborativo.
“No obstante, hemos decidido emplear un tono más duro porque se ha llegado a un límite, teniendo en cuenta que el próximo 15 de abril vence el plazo para obtener el permiso de pesca y el gobierno no ha adecuado el procedimiento que les permita acceder a este de manera definitiva”, sostuvo Fiestas.
Añadió que las cooperativas pesqueras esperaran a que el gobierno pueda corregir el rumbo, alineándose a una política de Estado de puertas abiertas y a un mayor acercamiento al ciudadano.
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